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 20.10.07
Oscar J. Serrano / Primera Hora
Foto: La matanza de perros se dio a conocer el 12 de octubre y desde entonces se ha extendido el repudio masivo por este acto. Abajo, a los animales muertos se les echó cal para amortiguar la peste. (EFE / Thais Llorca)
Cuarenta y cinco personas, incluyendo 28 menores, demandaron ayer en el Tribunal Federal al Municipio de Barceloneta, la Administración de Vivienda Pública (AVP), y la empresa Animal Control Solutions (ACS) por violación a derechos civiles en el episodio que culminó con la matanza de unos 80 perros y gatos de vecinos de tres residenciales de dicho municipio.
Los demandantes reclaman una compensación acumulada de $20 millones en el pleito que quedó ante la consideración del juez Jay A. García Gregory y que fue radicado por los abogados María S. Kortright y Pedro R. Vázquez.
El grupo de demandados integra al alcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanes; la administradora municipal, Sylvia Riquelme; el jefe de la Defensa Civil municipal, Amid Molina Morales; el administrador de Vivienda Pública, Carlos Laboy; el presidente de ACS, Julio Díaz, y la propia ACS.
La matanza se conoció el 12 de octubre después de que defensores de los derechos de los animales denunciaran cómo los perros y gatos, unos muertos y otros todavía vivos, fueron arrojados por el puente del Paso del Indio en Vega Baja.
Luego se conoció que ACS y personal de la Defensa Civil municipal habían recogido los animales en los tres residenciales públicos que administraba el Municipio de Barceloneta (Plazuela, Dávila Freites y Quintas Héctor Ruiz).
El Municipio alegó que lo hizo en cumplimiento del reglamento federal que la AVP le dio cuando le pasaron la administración de los complejos, pero la AVP sostiene que la remoción de mascotas no es absoluta sino cuando la permanencia de éstas afecta la seguridad y convivencia en los residenciales. El Municipio también alegó que el método de recogido, que supuestamente incluyó entrar a las casas de los residentes a remover forzosamente a los animales, y el de disposición fueron responsabilidad de ACS y no del ayuntamiento.
El jueves, el municipio anunció que devolvía la administración de los complejos a la AVP y pidió al Gobernador que destituya a Laboy.
En tanto, la Policía mantiene una investigación criminal abierta que se orienta hasta ahora contra ACS, compañía que ya incineró los cadáveres de las mascotas porque supuestamente no tenía capacidad para mantenerlas almacenadas.
Los ángulos criminales serían maltrato de animales y entrada ilegal a los apartamentos.
Fuente: www.primerahora.com
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