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27.11.07
Catalán/J.J.M./ PUERTO REAL
A mediodía de ayer, tres agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil hicieron efectivo el cierre cautelar de la perrera de El Refugio, situada en Puerto Real,ordenado por el Juzgado Número 2 de Puerto Real y solicitado por la organización proteccionista nacional del mismo nombre que denunció y destapó el caso. Se trata de la primera vez en España que se juzga por lo penal un delito de maltrato animal y también la primera vez que ese procedimiento va acompañado por la orden de cierre de una perrera.
El mismo tribunal decretó la inhabilitación especial del veterinario titular de las instalaciones, cuyo nombre se corresponde con las iniciales R.P.B., para ejercer ninguna profesión relacionada con animales domésticos. Junto al dueño de la perrera, Plácido G.M., la gerente y un trabajador del centro, el veterinario está acusado como presunto autor de delitos de maltrato animal continuado, denuncia falsa y falsedad documental.
Durante años, en la instalaciones de Puerto Real se sacrificaron de forma agónica a centenares de perros y gatos. Sólo en lo que va de 2007 se contabilizaron 566 víctimas. Utilizaban un potente paralizante, el Mioflex, que provocaba una lenta y dolorosa muerte por asfixia a los animales con una simple inyección. Detrás de esta práctica, según los denunciantes, sólo había un motivo económico: con una cantidad ínfima podían sacrificar toneladas de animales a bajísimo coste. En la orden de clausura dictada, la juez hace constar que en el registro de las instalaciones se hallaron grandes cantidades de jeringuillas y agujas desechables y 53 ampollas de 10 mililitros de Mioflex Braun 500 miligramos. Ni rastro de otros medicamentos habituales en las eutanasias, salvo un frasco de Calmo Neusan 100 mililitros. Estaba caducado.
En el auto en el que se decreta el cierre de la perrera, la juez ve "indicios de criminalidad" e "indicios suficientes" de que el veterinario titular "pudiera ser responsable en concepto de autor de un delito de maltrato de animales domésticos del articulo 337 del Código Penal, esto es, del maltrato con ensañamiento y de forma injustificada de animales domésticos que les cause la muerte". La titular del Juzgado estima que sus explicaciones "no resultan convincentes máxime cuando por un lado manifestó desconocer cuál es el principio activo de esta sustancia pero, por otro, manifestó aplicarla post mortem como miorelajante".
Acompañados y guiados por los voluntarios de la organización denunciante, los agentes del Seprona efectuaron una inspección de las instalaciones que tuvo como principal objetivo constatar cuántos animales quedaban todavía allí acogidos y en qué estado. Ya desde la una de la tarde se podía comprobar desde la verja el cierre de la perrera, cuyos servicios llegaron a tener contratados más de una quincena de ayuntamientos. No se permitió la entrada de ningún periodista.
Los miembros de El Refugio serán ahora los encargados de coordinar con las distintas protectoras de animales la distribución de los perros y gatos para su posterior adopción. Según indicaron fuentes del colectivo, en las instalaciones de acogida canina clausurada se encuentran un número de perros que ronda la centena. La mayoría de ellos se encuentran en condiciones normales, aunque han detectado algunos casos de desnutrición. A ellos hay que unir los ejemplares que sufren alguna herida. Dentro de las dependencias también se contabilizaron unos diez o quince gatos y cinco ovejas.
Una vez precintada, de la perrera no podrá salir ni entrar ningún animal si no es con la autorización del Seprona y con el visto bueno de la organización El Refugio. Ahora es el turno de las asociaciones protectoras de animales de la zona, que han manifestado su intención de colaborar en este asunto haciéndose cargo de los perros en sus respectivas dependencias para que éstos puedan tener una salida digna de la perrera de Puerto Real.
Desde la organización denunciante "se aplaude" cada párrafo del auto de la juez, que se fundamenta en un informe del Seprona de 64 paginas y en las declaraciones de varios testigos y de los imputados, además de las contradicciones del veterinario titular en su declaración del martes pasado.
"Este auto es un gran paso adelante en la protección animal y nos anima a continuar trabajando en defensa de los animales", ha manifestado el presidente de El Refugio, Nacho Paunero.
La Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz ha manifestado la intención del organismo de asumir el servicio de recogida y acogida de animales abandonados, con el apoyo de la Diputación, una vez que los ayuntamientos les cedan sus competencias. "Ya lo han hecho los de El Puerto, San Fernando y Cádiz y estamos a la espera de que lo haga el resto", dijo a este periódico su presidente, Felipe Márquez.
Fuente: www.diariodecadiz.com
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